La Haya, Países Bajos.- Las consecuencias de las medidas coercitivas de Estados Unidos son crímenes de lesa humanidad que violan el derecho internacional, afirmó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.
En rueda de prensa, tras introducir una demanda ante la Corte Penal Internacional instruido por el presidente Nicolás Maduro, Arreaza aseguró que las agresiones de la administración estadounidense contra la nación bolivariana tienen como fin político forzar un cambio de gobierno por la vía inconstitucional.
Señaló al respecto, que la denuncia internacional está debidamente sustentada, con análisis de expertos extranjeros, y dividida en diferentes sectores, afectados por las medidas coercitivas y unilaterales.
‘Tenemos el derecho, la obligación y la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo, de acuerdo con los principios de la Carta de Naciones Unidas’, recalcó.
Expresó también en que más de 35 resoluciones de la Asamblea General califican de contrarias al derecho internacional las medidas coercitivas unilaterales, las cuales constituyen ‘sentencia de muerte para el pueblo venezolano’.
De acuerdo con el jefe de la diplomacia de la nación bolivariana, estas agresiones son armas de destrucción masiva, que solo pueden vencerse con el multilateralismo, por lo cual será denunciadas en todos los foros, tanto en el ámbito internacional como regional.
En tal sentido, denunció que los grandes medios de comunicación son utilizados como armas psicológicas para hacer creer situaciones en Venezuela que no existe, agregó el canciller.
Resaltó no obstante, que el pueblo venezolano está protegido a pesar de las dificultades, debido a la política de Estado que atiende a las víctimas del bloqueo, con más del 75 por ciento del presupuesto nacional destinado a la salud, educación, alimentación, así como al acceso al agua y al transporte.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela arribó este jueves a la Corte Penal Internacional para denunciar, en nombre del pueblo y el Gobierno del país sudamericano, crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014 por el ejecutivo estadounidense. (PL)