Sindicatos puertorriqueños defenderán sus derechos en la calle

Militantes de cinco sindicatos puertorriqueños iniciaron hoy una jornada para orientar a las masas sobre el despojo de sus derechos laborales por el gobierno de Ricardo Rosselló, dirigidos a empobrecer al pueblo.

‘El gobierno ha comenzado el cuatrienio aprobando una legislación que elimina derechos, empobrece a las familias y desmerece los empleos, empujando a nuestra gente a irse del país buscando mejor calidad de vida y seguridad’, denunciaron los gremios en una octavilla repartidas en diversas intersecciones de San Juan y otros municipios.

La Alianza Sindical sostiene que, con el pretexto de superar la crisis económica que prevalece por más de una década, el gobierno de Rosselló, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), lo que pretende es cumplir con los dictámenes de la junta de control fiscal impuesta por Washington a Puerto Rico mediante la legislación Promesa.

‘La verdad es que quieren complacer a la junta de control fiscal y quitarle el dinero al pueblo para pagar a los bonistas una deuda que ni siquiera quieren auditar’, según la alianza gremial, integrada por la Asociación de Maestros, Servidores Públicos Unidos, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, la United Auto Workers y la Unión General de Trabajadores.

La Alianza Sindical afirmó que su militancia se ha ubicado en 30 intersecciones en una decena de municipios del país distribuyendo una octavilla titulada ‘Quitar derechos y empobrecer al pueblo no es la solución’.

Los gremios representan a unos 85 mil trabajadores en los sectores público y privado, se indicó.

Además de la denuncia, exhortan a los transeúntes a movilizarse contra la legislación impulsada por el PNP, que incluye la reforma laboral, el empleador único y la desreglamentación ambiental que persigue la nueva ley de permisos para construcciones mediante la denominada vía rápida.

‘El gobierno ha comenzado el cuatrienio aprobando (una)legislación que elimina derechos, empobrece a las familias y desmerece los empleos, empujando a nuestra gente a irse del país buscando mejor calidad de vida y seguridad’, según los gremios.

Advirtieron que ‘perjudicando al pueblo no se arreglan los problemas económicos, por el contrario, es un tumbe al bolsillo que afectará aún más al mediano y pequeño comerciantes’.

Los sindicalistas insisten en que, aunque esta legislación ya ha sido aprobada, ‘puede detenerse su implantación mediante una amplia campaña de resistencia y movilización’, por lo que sugieren acciones de agitación a través de la radio y las redes sociales y ‘participar en convocatorias y actividades de las organizaciones que proponemos una salida distinta a la crisis’.

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